¿Presas por abortar? ¡Pronto serán libres!

Para Luz María Ramírez Villalpando, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG: cuidado, no se pronuncia “y muge”), el mejor antídoto contra la violencia intrafamiliar es la Triple R. “A las mujeres que son golpeadas por sus hombres, les aconseja resignarse, reír y rezar”, explica Verónica Cruz, presidenta del Centro Las Libres, asociación civil que defiende los derechos civiles y reproductivos de las mujeres de Guanajuato. Cuñada de Gerardo Mosqueda, secretario del gobierno estatal y número dos en la estructura local del Yunque, Ramírez Villalpando declaró hace días que “las mujeres que se hacen tatuajes son las principales responsables de la pérdida de valores en nuestra sociedad”.

    En 2001, tras la llegada de Vicente Fox  a la Presidencia de la República, su heredero en el trono estatal, Carlos Romero Hicks, tomó el poder con los votos del PAN y la fuerza de la ONY (Organización Nacional del Yunque), la poderosa secta secreta, ubicada a la derecha de la ultraderecha mexicana. Durante el sexenio de Romero Hicks, tanto leyes como políticas públicas vinculadas con educación sexual y derechos reproductivos fueron modificadas para “armonizarlas”, precisa Verónica Cruz, con las ideas religiosas de los nuevos mandones.

    La educación sexual para púberes y adolescentes fue prácticamente suprimida en los colegios privados y las escuelas públicas. De los libros de ciencias naturales fueron eliminados los dibujos que mostraban los órganos reproductivos masculinos y femeninos, porque a juicio de los talibanes del Bajío “incitan a la lujuria”. Estos lanzaron una campaña permanente contra el uso del condón y los anticonceptivos, basada en otro dogma: para evitar las enfermedades de transmisión genital y los embarazos no deseados, lo único que sirve es la abstinencia.

    Cuando, en respuesta a las protestas de distintos sectores del país, el “gobierno” federal prohibió el libro de ciencias naturales del Yunque y exigió que se entregara a los estudiantes el que  había editado la SEP, los talibanes de Guanajuato lo quemaron en una plaza pública de León, recuerda Verónica Cruz. Y Carlos García, corresponsal de La Jornada en la entidad, asegura que en opinión de la directora del IMUG, que no es médica sino decoradora de interiores, “las mujeres en el momento en que están siendo violadas segregan un líquido espermicida, que las protege del embarazo”. Sin duda por eso, en las bardas de Guanajuato, se repite esta consigna, pintada entre los escudos y emblemas del gobierno estatal: “Por amor o por violencia el aborto es un delito”.

Uteros asesinos

En el verano de 2004, una investigadora del Instituto de Estudios Sociales (ISS) de La Haya, Holanda, documentó en la región selvática de Chiapas algunos casos de mujeres que sufrieron abortos espontáneos a causa de la pobreza extrema en que viven. Este  reportero obtuvo, por su parte, datos de mujeres que habitan en zonas urbanas y gozan de cabal salud, pero interrumpieron involuntariamente su embarazo entre el quinto y el sexto mes de gestación, porque tienen “útero infantil”, o sea, una matriz incapaz de alojar un feto en crecimiento.

    En Guanajuato, desde 2001, los abortos espontáneos por desnutrición o por cualquier otro tipo de limitación física, se castigan hasta con 35 años de cárcel. Y los que se realizan en forma voluntaria también. Para los talibanes del Bajío son “homicidios en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación”, según el código penal vigente en el estado. O, como lo simplificó el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez en una entrevista publicada por La Jornada ayer, son “infanticidios”.

    Hoy mismo, por esta infame acusación, cinco jóvenes campesinas amanecieron presas en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Puentecillas, a la salida de la capital de Guanajuato, y una más en el de Valle de Santiago, cerca de Michoacán. Todas purgan condenas de más de un cuarto de siglo de encierro –la “veterana” del grupo, de apenas 26 años de edad, lleva nueve tras las rejas y aún le faltan 17--, pero ninguna recibió jamás atención médica, educación en salud reproductiva ni ayuda para evitar, o interrumpir, sus embarazos. Una de ella quedó encinta la cuarta vez que fue violada, sin que la policía que después la detuvo por abortar, la protegiera de los machos que la maltraron por años.

    Además de ser víctimas de una injusticia tan atroz como insoportable, todas tienen en común el hecho de que, cuando llegaron a los hospitales públicos chorreando sangre y  devastadas sicológicamente, se llevaron la misma sorpresa: antes de proceder a curarlas, los médicos que las trataron en las salas de urgencias llamaron a los agentes del Ministerio Público para denunciarlas “in fraganti”.

    Las seis –más Alma Yareli Salazar Saldaña, que ya está libre-- pasaron del hospital a la cárcel. Después de ser sentenciadas, algunas apelaron al Tribunal Superior de Justicia, pero por falta de buenos abogados perdieron en segunda instancia y ahora, para elevar su caso a la Suprema Corte –basurero moral de la nación-- cada una necesita reunir al menos 500 mil pesos para lograr que un jurista la represente: un sueño imposible, pues sus familiares viven en condiciones de extrema pobreza, y muy de vez en cuando consiguen los 400 pesos que les cuesta ir desde sus comunidades al Cereso de Puentecillas a visitarlas.

La ONU vs la ONY

Por esto de las distancias, hace pocos días, en vísperas de la visita a México de la Alta Comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato obligó a cuatro de las internas en Puentecillas a firmar un documento en el que piden ya no ser entrevistadas por la prensa. ¿Por qué suscribieron tan absurda solicitud, como si fueran Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Rachel Weisz y Natalie Portman hartas de los paparazzi? Porque las amenazaron con trasladarlas a Valle de Santiago, que para sus familiares, radicados cerca de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, queda tan lejos como, para nosotros, Iztapalapa de Nueva York.

    Ahora que sabemos de su existencia y de su martirio --todas son menores de 30 años y tienen la vida por delante--, no vamos a permitir que se pudran en la cárcel. Primero que nada, hay que hacerles llegar, por todos los medios, mensajes para decirles que ya no están solas; que no deben resignarse, reír y rezar, sino al contrario, seguir luchando por sus derechos con la certeza de que, mucho antes de lo que suponen, volverán a ser libres.

    Desfiladero convoca a sus lectoras y lectores --en donde quiera que estén-- a pensar, imaginar, organizar, darle forma y contenido y poner en marcha una campaña nacional e internacional de solidaridad por la inmediata libertad de María Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas, Ofelia Frías y Liliana Moreno. La campaña, desde luego, debe tener como eje el Centro Las Libres, cuyas valientes integrantes viven y pelean en Guanjuato y necesitan ser rodeadas por los brazos de todas y todos, para protegerlas.

    En estos momentos, en Guanajuato hay 166 mujeres más que también fueron entregadas por sus “médicos” a la policía. De ellas, 43 se encuentran a disposición de un juzgado para ser sometidas a proceso penal. No se trata solamente de las seis jóvenes campesinas presas, ni de las que aguardan su turno en la antesala del espanto, sino de todas las mujeres de México y del mundo. ¿Ponemos en marcha la campaña? Se admiten adhesiones, críticas y sugerencias. ¿Presas por abortar? ¡No por mucho tiempo!

jamastu@gmail.com